Lanzamiento del Reporte Anual N° 20 “Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional” 

Un total de 23 proyectos de ley fueron votados durante la legislatura 373 (11 de marzo de 2025 – 10 de marzo de 2026), en una diversidad de temas de relevancia ambiental, marcando el cierre del cuarto y último año del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este informe permite no solo observar la actividad legislativa reciente, sino también realizar un balance integral del ciclo 2022–2026, el cual se posiciona como uno de los más activos en materia ambiental desde el retorno a la democracia. 

Durante el período presidencial que recién termina (2022-2026) ingresaron al Congreso 216 proyectos de ley de relevancia ambiental, se votaron en sala 103 iniciativas y se aprobaron 44 leyes de relevancia ambiental, lo que da cuenta de una actividad legislativa sostenida y consistente a lo largo de los cuatro años de gobierno. Más que un aumento puntual en una legislatura específica, lo que caracteriza este ciclo es la persistencia de altos niveles de actividad, junto con una creciente diversificación temática de la agenda ambiental. Asimismo, se mantiene una tendencia relevante: el predominio de las mociones parlamentarias por sobre los mensajes del Ejecutivo, reflejando un rol activo del Congreso Nacional en la incorporación de materias ambientales al debate legislativo. 

En particular, durante la legislatura 373 ingresaron 47 proyectos de ley de relevancia ambiental, mientras que 23 iniciativas fueron votadas en sala y 11 leyes fueron aprobadas, consolidando las tendencias observadas en el período. Entre las principales características de este último año destaca la continuidad de reformas estructurales orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, junto con avances en materias vinculadas a la gestión hídrica y la transición energética. 

Uno de los rasgos más relevantes del ciclo 2022–2026 es el fortalecimiento del marco institucional ambiental. En este ámbito, destacan la promulgación de la Ley N° 21.744, que crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), y la Ley N° 21.770, que establece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, orientadas a modernizar la gestión pública ambiental y mejorar los sistemas de permisos respectivamente. A ello se suma la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal a través de la Ley de Delitos Económicos, lo que refuerza el carácter sancionatorio del sistema ambiental chileno. En conjunto, estas iniciativas reflejan un proceso de modernización y fortalecimiento de la arquitectura institucional del país en materia ambiental. 

Durante este periodo el tema agua se consolida como uno de los ejes estructurales de la agenda legislativa. Durante el período se aprobaron 6 leyes orientadas a enfrentar la crisis hídrica, incluyendo reformas al Código de Aguas, medidas para fortalecer la fiscalización y disposiciones que facilitan el desarrollo de infraestructura hídrica. Estas iniciativas reflejan una transición desde un enfoque sectorial hacia una prioridad transversal de política pública, vinculada tanto a la seguridad hídrica como al desarrollo productivo y territorial. 

En materia energética, si bien el número de proyectos ingresados es menor en términos relativos, se observa una alta efectividad legislativa, con múltiples leyes orientadas a fortalecer la transición energética, promover la electromovilidad y avanzar en la descarbonización de la matriz energética. Esto da cuenta de una agenda más consolidada, con mayores niveles de acuerdo político y técnico. 

No obstante, el análisis del período también evidencia brechas importantes. Áreas como biodiversidad y residuos presentan un alto número de proyectos en discusión, pero una menor tasa de aprobación, lo que refleja mayores niveles de complejidad técnica y política. Asimismo, persisten proyectos estratégicos que no han logrado concluir su tramitación, como las iniciativas vinculadas a la prevención de incendios forestales y el proyecto de Ley Marco de Suelo, las que continúan en discusión pese a su relevancia y el consenso existente sobre su necesidad. 

Junto con lo anterior, uno de los principales desafíos que deja este ciclo legislativo es la implementación de las reformas aprobadas. Varias de las leyes promulgadas durante el período requieren el desarrollo de reglamentos y normas complementarias para su plena entrada en vigencia, lo que configura una agenda significativa de implementación para el próximo gobierno. En este contexto, el cierre del período 2022–2026 representa también una “pasada de posta” institucional, en la que la consolidación del legado legislativo dependerá de la capacidad del Estado para dar continuidad a los procesos regulatorios y asegurar la aplicación efectiva de las nuevas normas. 

Este escenario adquiere especial relevancia considerando el cambio de ciclo político que acompaña el cierre del período legislativo. Las transiciones entre administraciones presidenciales, particularmente cuando existen diferencias programáticas, plantean desafíos en términos de continuidad de agenda, priorización legislativa y coherencia en la implementación de políticas públicas. En materias ambientales, caracterizadas por su complejidad y horizonte de largo plazo, la estabilidad y calidad del marco normativo resultan fundamentales para asegurar avances sostenidos. 

Esta semana se publicó la 20° versión del Reporte Anual de Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional, elaborado en el marco del Observatorio de Políticas Públicas para la Sustentabilidad, una iniciativa interdisciplinaria y colaborativa entre el Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la misma casa de estudios. El reporte tiene por objetivo promover el acceso a la información y el análisis de las regulaciones y políticas públicas ambientales, contribuyendo a una gobernanza más informada, participativa y sostenible. 

Al respecto, la académica UC y directora del proyecto, Francisca Reyes, señaló: “Este reporte confirma que el período 2022–2026 ha sido muy activo en materia ambiental en el Congreso Nacional, con avances significativos en institucionalidad, y particularmente en los temas de agua y energía. Esto plantea un gran desafío de lograr una implementación efectiva de esta nueva legislación en el contexto de un cambio de administración. A ello se suma el desafío de asegurar el avance y pronta tramitación de proyectos fundamentales que aún están en el Congreso como el proyecto de ley de prevención de incendios forestales, el proyecto de ley marco de suelo y el proyecto de ley que Modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en materia de protección de zonas costeras de zona costera, entre otros.” 

Asimismo, agregó: “Invitamos a la comunidad académica, a la sociedad civil y a los distintos actores del debate público a continuar participando activamente en la discusión legislativa, aportando evidencia y conocimiento que permitan fortalecer la calidad de las políticas públicas ambientales en Chile.” 

Descarga el reporte: Reporte Anual de Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional