Reporte Agenda Ambiental del Período 2026-2030: Identifica 55 compromisos ambientales y advierte sobre la carga regulatoria heredada

El reporte identifica y sistematiza los principales compromisos ambientales que la administración del Presidente José Antonio Kast deberá enfrentar durante el período 2026–2030, distinguiendo entre aquellos compromisos declarados por el nuevo gobierno y aquellos desafíos que derivan de obligaciones del Estado de Chile relacionados con la implementación de leyes vigentes.

El reporte identifica un total de 55 compromisos de relevancia ambiental que el Presidente Kast deberá abordar entre 2026 y 2030. De ellos, 33 corresponden a compromisos programáticos enunciados en el Programa de Gobierno, en la primera Cuenta Pública Presidencial y en las declaraciones de ministros y autoridades sectoriales ante el Congreso Nacional durante marzo y abril de este año, además de otros documentos sectoriales relevantes utilizados como fuente. Los 22 compromisos restantes corresponden a desafíos de implementación derivados de 21 leyes aprobadas durante el último período presidencial (además de la Ley que Crea INDESPA (N° 21.069) que, si bien se promulgó en 2018, se incluyó por su relevancia), cuya ejecución exige la dictación de reglamentos, decretos u otros instrumentos administrativos necesarios para su completa implementación.

Una agenda propia que se suma a una tarea heredada

Uno de los principales hallazgos del informe es que la agenda ambiental a la que la actual administración deberá hacer frente aumenta considerablemente en número y complejidad si consideramos que, el gobierno del Presidente Kast, deberá hacerse cargo de una importante agenda de implementación normativa heredada de la administración anterior. El reporte identifica 68 acciones específicas asociadas a 22 leyes ambientales aprobadas durante los últimos años que requieren de dictación normativa que deberá desarrollarse durante el actual período presidencial.

Las áreas que concentran el mayor número de compromisos son agua, biodiversidad, energía e institucionalidad ambiental. En materia hídrica, la agenda gubernamental pone especial énfasis en el desarrollo de infraestructura, desalación, reúso de aguas y expansión del riego agrícola. En biodiversidad, destaca la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una de las reformas institucionales ambientales más relevantes de las últimas décadas. Por su parte, en energía se observa una agenda orientada a fortalecer la seguridad energética, impulsar la inversión y avanzar en procesos de transición y modernización de la infraestructura del sector.

El informe también muestra que una parte importante de los desafíos ambientales de los próximos años no dependerá necesariamente de nuevas leyes, sino de la capacidad del Estado para implementar adecuadamente aquellas que ya fueron aprobadas. Entre ellas destacan la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Ley Marco de Cambio Climático, la nueva Ley de Desalinización, la Ley de Protección Ambiental de Turberas y diversas reformas en materia hídrica, energética y de institucionalidad ambiental.

En este contexto, el reporte advierte que la implementación efectiva de estas reformas exigirá coordinación de 13 ministerios y servicios públicos, capacidades técnicas, continuidad administrativa y voluntad política para completar procesos regulatorios complejos que, en muchos casos, ya presentan plazos vencidos o se encuentran aún en elaboración.

Asimismo, el estudio releva la importancia de evaluar la continuidad de diversas políticas, planes y programas impulsados durante la administración anterior, incluyendo iniciativas relacionadas con seguridad hídrica, conservación de biodiversidad, restauración ecológica, transición energética y adaptación al cambio climático. Más allá de las diferencias programáticas propias de una alternancia política, el informe plantea que la existencia de desafíos ambientales de largo plazo obliga a compatibilizar nuevas prioridades gubernamentales con compromisos institucionales ya adquiridos por el Estado.

Continuidad de Estado, el verdadero desafío

Para la académica del IDS y directora del proyecto, Francisca Reyes, el desafío es mayor al que enfrentaría un gobierno que parte de cero “abordar la tarea de implementar la totalidad de las leyes vigentes es sin duda es un tremendo desafío que, en la práctica, aumenta y complejiza el plan de acción original trazado por el Presidente Kast, lo que impone un grado adicional de exigencia a un Estado al que, muy probablemente, ya hoy le faltan recursos y capacidades para cumplir a tiempo con todas sus obligaciones”.

“Los contenidos de este reporte también nos deben hacer reflexionar sobre cómo gestionamos las transiciones políticas para mejorar la “entrega del testimonio” de esta maratón que se corre en modalidad de relevos, que son las políticas de Estado en Chile en materias de relevancia ambiental”, agregó la académica.

Este reporte constituye una línea base para el seguimiento de la agenda ambiental del período 2026-2030. Su objetivo es contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a información pública sobre políticas ambientales, promoviendo una discusión basada en evidencia sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de sustentabilidad.

Para el Instituto para el Desarrollo Sustentable, participar en la elaboración de este reporte, junto al Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho UC, forma parte de su labor de acompañar con evidencia técnica y rigor académico los grandes desafíos ambientales del país.

Descarga el reporte aquí: Agenda Ambiental del Período 2026–2030: Compromisos y Desafíos de Implementación.