“La nueva normalidad está llena de incertidumbre”: Jonathan Barton y la deuda de Chile con la adaptación al cambio climático 

Trece personas fallecidas y más de 100 mil aisladas. El temporal que ha marcado la última semana en Chile —una seguidilla de frentes continuos alimentados por un río atmosférico de categoría máxima— no es, para Jonathan Barton, una anomalía que pasará. Es una postal de lo que viene. 

“No hay normalidad en el clima producto del cambio climático; por eso se habla del nuevo normal, y ese nuevo normal está lleno de incertidumbre”, plantea el académico del IDS, ligado a la planificación urbana, la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático. “Frente a esa incertidumbre tenemos dos opciones: no hacer nada, o hacer algo para enfrentarla y no meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz.” 

Barton habla con la perspectiva de dos décadas dedicadas al tema. Llegó a la UC en 2004 y hacia 2007 ya dictaba un curso sobre planificación urbana frente al cambio climático. En ese tiempo, dice, ha habido avances, “pero los fenómenos nos adelantan”. La evidencia científica lo respalda: según datos del Ministerio del Medio Ambiente que sustentan la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2024-2029, el 54% de la población y el 12,9% de la superficie del país están expuestos a tres o más tipos de amenazas producto de la crisis climática. 

“La evidencia está; necesitamos recursos ahora” 

Si algo distingue la mirada de Barton es que su crítica no apunta a un déficit de conocimiento, sino a un problema de decisión y financiamiento. “No necesitamos más evidencia; la evidencia está. Si quiere informes, hay informes por todos lados”, afirma, y enumera algunos donde ha participado: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; un plan de adaptación para la Región Metropolitana en 2010 a través de una colaboración chileno-alemán con el Gobierno Regional; un plan de adaptación para ciudades encargado por el Ministerio del Medio Ambiente, e informes preparados para la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y pos-COP25 en 2019. 

El problema radica en que buena parte de ese trabajo quedó archivado o sin recursos. El plan de adaptación metropolitano en el que participó “nunca fue implementado”, y Santiago recién cuenta con un plan regional de cambio climático aprobado en 2024. “Hemos perdido 15 años de la posibilidad de abordar temas que ya sabíamos que iban a ocurrir”, resume. 

Ese rezago tiene un nombre técnico que Barton utiliza para explicarlo: el NIMTO —”not in my term of office”, no en mi administración—, la versión política del clásico “no en mi patio trasero”. “Si estoy a cargo de un gobierno regional por cuatro o cinco años, no voy a gastar plata ni capital político en decisiones para eventos que quizás ocurran diez años más allá. Con esa lógica vamos a sufrir siempre.” 

De la emergencia a la planificación 

El académico reconoce avances institucionales relevantes. La Ley Marco de Cambio Climático (Ley N°21.455, de 2022) instaló por primera vez la obligación de planes de adaptación a nivel regional y comunal, y el énfasis en las soluciones basadas en la naturaleza. A su vez, la Ley N°21.364 reemplazó a la antigua ONEMI por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y obligó a cada comuna a contar con planes de reducción del riesgo de desastres. 

Pero Barton advierte una desconexión de fondo: los planes comunales de cambio climático y los de reducción de riesgo de desastres se construyeron por separado, pese a que “cuando uno ve los impactos de ambos, es la misma cosa para la gestión”. La normativa vigente ya reconoce ese problema y mandata que ambos instrumentos se trabajen de manera sinérgica; para el académico, el desafío real está en el nivel local, donde “sabemos que no hay fondos o capacidad profesional adicional disponible” y donde precisamente se experimentan los impactos. 

Frente a ello, valora que el sistema empiece a mirar más allá de la emergencia. “Necesitamos ver cómo generar instrumentos en la planificación para evitar esto”, señala, recordando que la planificación urbana ya contempla la definición de zonas de riesgo, una herramienta disponible pero subutilizada. 

Trabajar con la naturaleza, no contra ella 

Entre las señales positivas, Barton destaca las soluciones basadas en la naturaleza y, en particular, los parques inundables. El caso emblemático es el Parque Kaukari de Copiapó: diseñado como parque fluvial, demostró su capacidad de amortiguación durante los aluviones de 2015 y 2017 —eventos con periodos de retorno superiores a los 100 años—, cuando su tramo fue de los pocos donde el río no se desbordó. 

La clave, explica, es entender el territorio. “Tenemos que volver a entender cómo funcionan las cuencas y ser respetuosos con ellas. El agua y el hielo excavaron esos valles durante milenia; la preocupación no es el evento, sino cómo habitamos esas zonas.” De ahí que insista en no ocupar zonas inundables y en repensar el diseño mismo de las viviendas —como primeros pisos concebidos como inundables bajo condiciones extremas, aprendiendo de los palafitos — según las condiciones de cada lugar. 

En esa misma línea, rescata como un acierto la comunicación temprana de este temporal, especialmente el llamado a asegurar alimentación y agua para 72 horas. “Es algo que se usa en California y en Japón. 72 horas es el tiempo que puedes estar aislado antes de que llegue el apoyo. Instalar esa preocupación es fundamental.” 

Una cuestión de justicia —y de financiamiento 

Para Barton, el trasfondo de toda esta discusión es la equidad. “La sustentabilidad es un problema de justicia”, afirma. “Quienes asumen los costos son las familias de bajos recursos que viven en zonas de riesgo.” Y cuando se contabiliza el costo real de un temporal o de los incendios, agrega, la inversión preventiva deja de parecer cara: ya en 2006 el Informe Stern advertía que los costos del cambio climático crecen de forma exponencial mientras más se posterga la acción. 

Un ejemplo de mecanismo de financiamiento estable es el implementado en Nueva Zelanda, donde un pequeño porcentaje asociado a las contribuciones alimenta un fondo de desastres que se libera ante emergencias. “Vivimos en un país bastante riesgoso; me parece razonable un fondo de ese tipo”, plantea, cuidando que quienes tienen menos recursos queden exentos. 

El temporal, concluye, vuelve a exponer la fragilidad de los sistemas y la urgencia de aprender de lo ocurrido. “Es importante comparar y contrastar este evento con el de Copiapó en 2015, por ejemplo: ver si estuvimos más preparados, qué faltaba.” La respuesta, insiste, no exige tecnología de otro mundo: “No es rocket science. Hay medidas caras y baratas, chicas y grandes, sociales y tecnológicas. Lo que falta es decidir financiarlas.” 

Más allá de la coyuntura del temporal, la reflexión de Barton deja una idea central: la planificación urbana ya no puede pensarse al margen del riesgo de desastres y del cambio climático, porque son una misma agenda. Definir dónde y cómo se construye, respetar el funcionamiento de las cuencas, integrar los planes de adaptación con los de reducción del riesgo y anticiparse a eventos que serán cada vez más frecuentes e intensos no son gestos técnicos aislados, sino la diferencia entre una ciudad que absorbe el impacto y una que lo multiplica sobre sus habitantes más vulnerables. Como sostiene Barton, incorporar esta mirada del nuevo normal en la forma en que habitamos y diseñamos el territorio es hoy la inversión más rentable —y más justa— que Chile puede hacer para proteger a sus comunidades. En esa tarea, articular la evidencia académica con las decisiones y fondos de la política pública se vuelve más urgente que nunca.