El verdadero éxito de la Ley “Chao Bolsas Plásticas” no es el plástico, Watson
Hoy se cumplen ocho años desde que la Ley 21.100, conocida como “Chao Bolsas Plásticas”, prohibiera la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo Chile, acumulando desde entonces un éxito fenomenal al evitar el uso de más de 11.000 millones de bolsas de un solo uso, según cifras recientes recogidas por medios especializados en sostenibilidad.
Francisca Reyes M. – Académica Instituto para el Desarrollo Sustentable UC Ana Paula Reyes A. – Coordinadora del Proyecto Votaciones Ambientales
Sin embargo, medir el éxito de esta ley solo en toneladas de plástico evitadas, o evaluarla de forma aislada, es un error de perspectiva.
Primero, su logro más importante no es técnico, sino más bien cultural: la ley se cumple, a pesar de la débil fiscalización estatal, porque millones de personas cambiaron un hábito de consumo instalado durante décadas, creando el reflejo de llevar una bolsa propia como parte natural de la rutina de comprar. Actores del sector reconocen que el cambio cultural fue rápido y se mantiene incorporado en la población, algo que sorprendió incluso a la industria del plástico.
Ese capital social es, hoy, el activo más valioso de esta ley por lo que es interesante reflexionar sobre como replicamos algunas de las condiciones que generaron este masivo apoyo de la ciudadanía a su cumplimiento, entre ellas: un texto simple que establecía una prohibición directa, visible y fácil de entender para el grueso de la población, una industria capaz de ofrecer alternativas oportunas a un costo percibido como aceptable, la experiencia previa de ordenanzas comunales que abrieron camino, y niveles altos de sensibilidad de la población al desafío ambiental que la ley buscaba abordar.
Segundo, esta ley no existe en un vacío institucional, sino que forma parte de un conjunto de leyes que, de forma secuencial, han abordado el desafío del uso del plástico en nuestra sociedad: la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (2016), la Ley 21.100 de bolsas plásticas (2018) y la Ley de Plásticos de un Solo Uso (2021), las que recién hoy empiezan a articularse entre sí.
La secuencia no fue casual y tiene sentido político. La Ley REP fijó el marco general de responsabilidad de los productores con altos niveles de complejidad en su implementación. La ley de bolsas plásticas, en cambio, con su rápida y exitosa implementación, preparó el terreno a la Ley PUSU, una ley técnicamente muy exigente que exige envases certificados como compostables y obliga a los supermercados a ofrecer botellas retornables.
Así, la muy merecida celebración de la Ley 21.100, no debe distraernos de las pistas que su mismo éxito ha dejado: reducir el consumo total general de plástico en Chile sigue siendo una tarea pendiente, así como lo es incorporar evaluaciones de impacto más sofisticadas -Análisis de Ciclo de Vida (ACV)- que permitan entender el impacto total que medidas de prohibición, como la establecida en la Ley 21.100, generan en todos los componentes del medio ambiente. Junto con ello, hacerse cargo de la endémica falta de capacidad de fiscalización del Estado de Chile parecen ser tareas fundamentales, mi querido Watson.
